Amigas y amigos:
Les presentamos este artículo del Periódico Plaza Pública
sobre el saqueo del patrimonio cultural de Guatemala y lo ético que tiene que ver
con este asunto, y como se pierde la
Historia del País y la Cultura Maya por el trafico, compra, venta y la
colección de piezas de arte y arqueológico de la Cultura Maya. Que desfruten la
lectura.
Los coleccionistas que protegen, pero alientan el saqueo
 |
en el Museo Barbier Mueller de Barcelona. Fotografía de Trafficking Culture. |
Es un secreto a voces entre arqueólogos y especialistas: los tesoros
prehispánicos son expoliados. El Estado no ha sido capaz de detener a
saqueadores y comerciantes. En medio del ir y venir de piezas valiosísimas para
la historia, se sitúan los coleccionistas en un ambiguo papel. Por un lado se
asegura que son quienes cuidan, rescatan y prestan a los museos. Pero, por
otro, podrían ser quienes promueven que los saqueos y el comercio no se
detenga. Entre lo legal y lo ilegal, la historia se diluye.
Índice:
1.-
¿Dónde comprar piezas arqueológicas?
2.- Luces y sombras de las colecciones privadas
3.- Los peligros que acechan el patrimonio
4.- Repatriaciones
5.- Historia
6.- Museo Maya de las Américas
2.- Luces y sombras de las colecciones privadas
3.- Los peligros que acechan el patrimonio
4.- Repatriaciones
5.- Historia
6.- Museo Maya de las Américas
El 11 de septiembre pasado, al
terminar una conferencia de prensa organizada para anunciar el regreso a
Guatemala de tres valiosas piezas arqueológicas, Plaza Pública se acercó a
Fernando Paiz, presidente de la fundación Ruta Maya, que promovió la
repatriación y que ahora planifica el Museo Maya de las Américas. Como uno de
los más reconocidos coleccionistas privados de Guatemala, cuyas piezas son
exhibidas en varios museos del país se le preguntó a Paiz sobre el origen de la
extraordinaria colección de arte prehispánico de la fundación.
“Usted no va a creer que piezas de mucha importancia, las he
comprado en el mercado de Chichicastenango, en la calle, en localitos que antes
estaban en unas callecitas. Tengo una colección de caritas hermosísimas que he
comprado en el mercado de Santiago Atitlán. No crea que las fuentes a veces son
muy misteriosas, o personas ocultas, obscuras, o rarísimas. Con sólo estar
atento en un mercado, hay gente que en el campo encontró una pieza de jade
preciosa, que fue encontrada por un agricultor arando un terreno de Santiago
Atitlán. Compramos una colección privada completa, de lo que antes fue el museo
Príncipe Maya, de una familia en Alta Verapaz que por años cuidó esta colección.
La fundación mía la compró y la ha puesto a disposición de investigadores. Pero
es una colección que otro grupo hizo en Guatemala.”
Tanto la compra como la venta de bienes arqueológicos son ilegales
en Guatemala.
Fernando Paiz, reconocido empresario, una de las mayores fortunas
del país, no parece estar al corriente de esto. “En Guatemala no es ilegal. Si
una colección está registrada, usted cambia el registro en la Dirección del
Patrimonio para que la colección pase a ser propiedad de la fundación La Ruta
Maya. Lo que es ilegal es sacarlas del país y no registrarlas”,
argumenta.
Es llamativo este desconocimiento de la ley por parte de un
coleccionista tan experimentado como Fernando Paiz, siendo además presidente de
La Ruta Maya una fundación cuyo objeto es la preservación y recuperación del
patrimonio arqueológico.
Rossana Pérez Müller, de la Fiscalía de Delitos contra el
Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio Público (MP), afirma que un
comprador de piezas arqueológicas, “comete el ilícito penal de tráfico de
tesoros nacionales contemplado en el artículo 332 "C" del código
Penal, con una pena de 6 a 15 años de prisión y una multa de 5 a 10
mil quetzales.”
En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural,
confirman que la compra de bienes prehispánicos “es un hecho delictivo.” Oscar
Mora, director técnico de esta institución se remite a la ley para la
protección del patrimonio cultural de la nación, aprobada en 1997, la cual, en
su artículo 35, inciso c, dice llanamente: “se prohíbe la comercialización de
bienes arqueológicos prehispánicos”. También menciona, tal como lo hace la
fiscal Pérez Müller, el artículo 332 “C” del Código Penal.
Quien también es consciente del ilícito que representa comprar
piezas arqueológicas, es Sofía Paredes, directora de la fundación presidida por
el propio Fernando Paiz:
-¿Se puede perseguir judicialmente al comprador de un objeto
arqueológico?
- Si lo cachan in fraganti comprándolo, sí, porque está haciendo
un traslado ilegal o traficando. Yo no puedo trasladar una pieza si no está
registrada. Eso es traslado ilícito.
Sofía Paredes va más lejos, y pasa de lo legal a lo ético: “Hay
que educar al coleccionista y contarle que las piezas que tiene, no son cosas
bonitas que le vinieron a tocar a la puerta. El coleccionista ve la pieza, y no
se imagina la cadena de muertos que muchas veces lleva.” Asegura también que la
compra de objetos prehispánicos fomenta el saqueo de sitios
arqueológicos.
Sofía Paredes afirma que La Ruta Maya no puede ser acusada de
fomentar el saqueo ya que nunca ha comprado piezas arqueológicas en Guatemala.
Según ella, la mayoría de las alrededor de 3,200 piezas que guarda la fundación
provienen de donaciones de coleccionistas internacionales que apoyan su labor
de repatriación del patrimonio guatemalteco, o de donantes guatemaltecos,
generalmente personas mayores, que quieren desprenderse de su colección. Este
discurso es socavado por el propio presidente de La Ruta Maya, quien no
menciona las donaciones como origen de la colección.
Sofía Paredes, recalca, en un correo electrónico: “La Fundación La
Ruta Maya no compró la colección del Museo Príncipe Maya, sino la recibió en
donación de parte de Fernando Paiz, quien hizo las gestiones iniciales”. La
colección del Museo Príncipe Maya estaba hasta hace poco en posesión de las
familias Gabriel y Deulofeu de Cobán. Tanto si La Ruta Maya compró la colección
(según dijo Fernando Paiz), como si la recibió donada de su presidente después
de que éste la comprara, lo que está claro es que la procedencia y la forma de
obtener las piezas genera dudas. Revela también una sorprendente
descoordinación en los discursos de la presidencia y la dirección de La Ruta
Maya
Los mercados de Chichicastenango y Santiago Atitlán en donde
Fernando Paiz admite haber comprado piezas, son, efectivamente, lugares clave
del tráfico ilícito de piezas arqueológicas. Prueba de ello, los allanamientos
recientes realizados por el MP, con la participación de la Dirección General de
Patrimonio. Eduardo Hernández, jefe del departamento de Prevención y
Control del Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de esta institución,
comenta: “El año pasado hicimos un operativo en Santiago Atitlán, y decomisamos
más de 2,800 piezas. En Chichicastenango, hemos extraído de las tiendas de
artesanía entre 800 y 1,200 piezas en cada operativo. Allí tenemos dos o tres
casos que hemos llevado hasta juicio y en los cuales se han deducido
responsabilidades penales.”
¿Las piezas confiscadas en estos mercados, son, como lo sugiere
Fernando Paiz, objetos que campesinos pudieron encontrar fortuitamente arando
sus tierras? De ninguna manera, según Eduardo Hernández. “Las piezas
decomisadas en lugares turísticos, sin duda alguna, son producto de una cadena
de hechos ilícitos. La fuente de extracción son sitios arqueológicos”,
afirma.
El museo Príncipe Maya, cuya
colección Fernando Paiz admite haber comprado, era propiedad de Gladys Gabriel de
Deulofeu. Contaba con más de 1,500 piezas, algunas de ellas extraordinarias. Su
mayor tesoro: un panel jeroglífico extraído ilegalmente del sitio arqueológico
Cancuén que narra 150 años de la historia de esta ciudad. Posiblemente parte de
un trono, la pieza iba acompañada de otro panel similar que desapareció. Según
diferentes versiones recogidas por Trafficking Culture,
proyecto de investigación escocés que monitorea el tráfico internacional de
piezas saqueadas, el segundo panel podría estar aún enterrado en Cancuén, o en
manos de un coleccionista, o perdido en el fondo del río La Pasión a raíz de un
pleito entre saqueadores.
Un especialista que no permitió que se revelara su
identidad, quien pudo admirar la colección del Príncipe Maya,
afirma que esta proviene esencialmente de saqueos. Sobre el precio
que podría tener el conjunto asegura: “no hablamos de miles, hablamos de
millones de quetzales”. Trafficking Culture apunta que cuando el panel de
Cancuén salió al mercado en 1994, estaba tazado en US$75mil
dólares.
Luces y sombras de las colecciones privadas
En Guatemala, es perfectamente legal tener una colección de arte
prehispánico. La única condición es inscribirla en el Registro de Bienes
Culturales, cuya función es establecer el patrimonio con que dispone el país, y
ubicar cada pieza dentro de este patrimonio, clasificándola y categorizándola.
Para inscribir una pieza, explica Fernando Paniagua, director del Registro, su
poseedor sólo debe presentar una foto y una declaración jurada en la que
manifiesta tener dicha pieza, y en la que explica cómo ésta llegó a sus
manos.
Este trámite obligatorio no convierte al coleccionista en
propietario de la pieza. Según la Constitución de Guatemala, artículo 121,
literal f, “los monumentos y las reliquias arqueológicas son bienes del
Estado”. Es por esto que la ley para la protección del patrimonio cultural de
la nación creó el estatuto legal de “poseedor”: una pieza arqueológica es
propiedad del Estado, pero puede ser poseída por un particular.
La ley referida no es confiscatoria. Su objeto no es perseguir a
los poseedores de bienes culturales en función de cómo los adquirieron. “En su
declaración jurada, la mayoría de las personas manifiesta que esas piezas están
en su familia desde hace muchos años”, expresa Fernando Paniagua. Y con
esto basta. Por lo tanto, personas como Fernando Paiz, a pesar de haber
adquirido piezas presuntamente de forma ilegal, las pueden registrar con toda
tranquilidad. Una vez cumplido el trámite, no tienen nada que temer: poseen
bienes del Estado con todo el respaldo de la ley.
Especialistas interesados en el patrimonio arqueológico del país
estiman que, esta ley es demasiado benévola con los coleccionistas, tomando en
cuenta que con frecuencia, las piezas provienen del saqueo arqueológico. En
otras palabras, la ley castiga duramente toda la cadena del tráfico ilícito,
del saqueador al comerciante, pero permite al coleccionista limpiar todos los
delitos anteriores mediante el Registro. A menos que sea sorprendido in fraganti comprando
o trasladando piezas sin autorización, el coleccionista no tiene nada que temer
de la justicia o de la Dirección del Patrimonio, ya que un simple trámite le da
la posesión legal de sus tesoros.
Guatemala es un país reconocido por su riqueza arqueológica. El
número de sitios podría pasar de los 5 mil, repartidos en todo el territorio.
“Miles de vestigios arqueológicos son descubiertos fortuitamente a través de la
construcción, la agricultura y el crecimiento urbano,” explica Sofía Paredes,
de la fundación La Ruta Maya. Por una parte, no se puede evitar que grandes
cantidades de piezas y edificaciones antiguas salgan a la luz, y por otra, el
Estado no está en capacidad de conservarlo todo.
Las colecciones privadas de arte, son, pues, una forma de
conservar el patrimonio nacional. Como lo dice Daniel Aquino, director del
Museo Nacional de Arqueología y Etnología: “Sería triste que alguien, en un
arrebato de nacionalismo, empezara a juntar todas estas colecciones, pensando
que todo lo debe administrar el gobierno. Eso sería ponerse la soga al cuello,
y sería un riesgo para el patrimonio.”
La mayoría de los coleccionistas no registran sus bienes
arqueológicos. Desconocen la ley y temen que sus tesoros les sean confiscados.
Tampoco permiten que investigadores tengan acceso a las piezas, ni participan
en muestras públicas. Pero otros muchos sí aceptan abrir sus colecciones. Por
ejemplo, en el museo Miraflores, la cédula de muchas piezas manifiesta que
éstas han sido prestadas por un particular.
Otros museos se formaron a partir
de colecciones particulares, como el Museo Vigua de Arte Precolombino y Vidrio Moderno,
situado en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua. Este alberga las piezas
reunidas por Edgar Castillo. A su vez, el museo Popol Vuh, situado en la Universidad Francisco
Marroquín, proviene de la colección de Jorge y Ella Castillo, así como de
donaciones de varios amateurs de arte
maya. La propia fundación La Ruta Maya mantiene una intensa labor de difusión
de su colección: ésta puede ser admirada en el museo Miraflores, en el museo
Ixchel, en el museo Popol Vuh y a partir de octubre, en el Museo Nacional de Arqueología y
Etnologíaasí como en muestras temporales nacionales e internacionales.
Esta publicidad no le quita el estigma a las colecciones;
pues podrían provenir del saqueo arqueológico. Una colección particular que
cuente con cerámica polícroma, paneles con bajos relieves, piezas de jade,
incensarios o urnas funerarias, es decir, piezas de excepcional
valor, proviene, casi con certeza, del saqueo arqueológico, y por lo
tanto, de un actividad delictiva. Sin embargo, si los objetos están debidamente
registrados, su tenencia es perfectamente legal.
Elisa Mencos, arqueóloga a cargo de la curaduría del museo Popol
Vuh, admite sin ambages que la mayor parte de la colección del museo es fruto
de saqueo. Expresa además su frustración, como investigadora, de tener a mano
tantos objetos extraordinarios sin la información básica que debería
acompañarlos: el sitio arqueológico y el contexto en que fueron hallados.
“No existiría el saqueo si no existieran personas interesadas en lucrar
con el patrimonio. Por lo anterior, el museo Popol Vuh está en contra de
comprar piezas. Todas son donadas”, puntualiza Elisa Mencos. Es decir, cuando
las piezas llegan al Popol Vuh, el mal ya está hecho. Sólo queda exponerlas, y
explicárselas, gracias a un bien diseñado recorrido pedagógico, a los 10mil
alumnos y estudiantes que visitan el museo anualmente. El Museo Popol Vuh
cuenta además con importantes programas de investigación científica avalados
por arqueólogos de primera línea como Oswaldo Chinchilla, profesor de la
Universidad de Yale.
No obstante, estos museos no
respetan el código de deontología (/) emitido por el Consejo Internacional de Museos (el cual indica, en su punto 2.4: “Un
museo no debe adquirir objetos cuando haya motivos razonables para creer que su
obtención se ha conseguido a costa de la destrucción o deterioro prohibidos, no
científicos o intencionados de monumentos, sitios arqueológicos o geológicos,
especies o hábitats naturales.” Estas normas no son coercitivas, únicamente
éticas. Los únicos museos privados que respetan este código de conducta, puesto
que exponen piezas obtenidas por excavaciones científicas y legales con la
autorización del Ministerio de Cultura y Deportes, son el Museo Miraflores y
el Museo Carlos F. Novella situado en las instalaciones de
Cementos Progreso en la zona 6. El Museo Miraflores expone, sin embargo,
piezas de coleccionistas privados. Una vez más, de las que no se conoce con
certeza el origen.
“El saqueo es un tema tabú en Guatemala”, afirma Sofía Paredes,
quien, además de ser la directora de La Ruta Maya, es investigadora
especializada en este tema. Para ella, en esta actividad ilícita están
implicados, o lo han estado, no sólo comunidades del norte de Petén, sino
también militares, arqueólogos, diplomáticos, autoridades locales, en especial
los alcaldes de Petén, policías, dueños de empresas de transporte y traficantes
internacionales de arte.
La época en la que el patrimonio nacional sufrió las mayores pérdidas,
fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores
estadounidenses eran enviados a Guatemala por universidades e instituciones
como el Peabody Museum o el Carnegie Institute. Fue un largo periodo en el que
ilustres personajes como Silvanus Morley se apoderaban de las mejores piezas de
los sitios que ellos mismos estudiaban por primera vez.
El Estado de Guatemala no mostró,
durante muchos años, interés alguno por las reliquias mayas. Tal y como lo
recuerda la historiadora Marta Casaús en un polémico artículo publicado en laRevista de Indias,
en 1922, el gobierno de José María Orellana nombró director del recién creado
Museo Nacional de Guatemala, a un norteamericano, William E. Gates. Según
Casaús este arqueólogo y lingüista se vanagloriaba de poder sacar del país
tantas piezas como él quisiera con sólo presentar una autorización firmada…por
él mismo. Naturalmente, formó para su provecho una colección monumental que
luego vendió a las universidades de Princeton, Tulane, y la Bringham Young
University.
Poco a poco, con la creación de instituciones encargadas de velar
por el patrimonio cultural, Guatemala se fue dotando de leyes que prohibían la
exportación y la comercialización de bienes arqueológicos. Aún así, el saqueo
nunca se detuvo. En los años 80, y hasta en los 90, afirma Sofía Paredes,
todavía se podían ver cuadrillas de hasta cien hombres comandadas por militares
de rango o traficantes internacionales, poniendo patas arriba ciudades mayas
del Petén. En esos años, Guatemala inundó literalmente el mercado internacional
de antigüedades con su patrimonio.
Sofía Paredes realizó a mediados de los años 90 un importante –y
arriesgado – estudio sobre los huecheros (o huacheros), personas que se dedican
a saquear sitios arqueológicos. Estos son campesinos o chicleros, generalmente
pobres, que aprovechan su excelente conocimiento del terreno. Forman el primer
eslabón del saqueo. “Son los que corren más riesgos y los peor pagados. Son
aquellos a quienes las autoridades meten presos, y cuando se quiere averiguar
dónde está la pieza prueba del delito, resulta que ya la policía la ha
traficado”, afirma Paredes. Luego vienen los intermediarios, quienes
generalmente tienen una idea más clara de los gustos de los coleccionistas y
del dinero que pueden obtener por cada pieza.
Todas las personas entrevistadas
concuerdan en que los niveles de saqueo han disminuido significativamente en
los últimos quince años. Según Eduardo Hernández, de la Dirección General del
Patrimonio, esto se debe a un mayor control del territorio, y a una labor de
concientización realizada por su institución ante el Ministerio Público, la PNC
y aduanas. Según Sofía Paredes, existe también otra razón: “Ha dejado de ser fashionable tener precolombino maya. Lo que se
volvió fashionable es Sipán (un sitio arqueológico
peruano de la cultura Moche), el oro de Suramérica, los textiles incas”. Sin
embargo, ciertos tipos de piezas mayas siguen teniendo una fuerte demanda:
máscaras de jade, objetos en concha o hueso, miniaturas de excelente calidad
artística y cerámica decorada con caligrafía. “Eso sí está de moda”, afirma la
investigadora.
Repatriaciones
Guatemala está haciendo esfuerzos por recuperar sus bienes
arqueológicos desperdigados por el mundo. La repatriación de piezas es una de
las misiones de la Dirección General del Patrimonio. La institución interviene
cuando descubre que en una subasta internacional se van a vender piezas de
origen guatemalteco. Se le pide entonces a las embajadas de Guatemala que
gestionen ante las autoridades locales el decomiso de las piezas. De esta
forma, se han logrado repatriar bienes culturales.
Pero, por falta de recursos, trabas o errores administrativos, o
incluso, mala fe de algunos países, muchas veces el intento se salda con un
fracaso. “Con los países latinoamericanos se trabaja muy bien”, afirma Eduardo
Hernández. Un peritaje que demuestre que las piezas son de origen guatemalteco
es suficiente para que sean devueltas. “En cambio, Estados Unidos y los países
Europeos, nos exigen una serie de requisitos imposibles de cumplir. Por
ejemplo, nos exigen la ficha del registro de los objetos que reivindicamos,
cuando obviamente, por haber sido saqueados, estos nunca han sido
registrados”, añade el funcionario.
Ejemplo de esto, menciona Eduardo
Hernández, Alemania, que negó la restitución de las piezas guatemaltecas de la
colección de Leopoldo Patterson, un cónsul costarricense que sacaba piezas del
país usando la valija diplomática. O el caso de España, que rechazó la
devolución de la valiosísima máscara de jade de Río Azul,
parte de la prestigiosa colección Barbier-Mueller, ahora en venta. Esto, a
pesar de que la joya está marcada con el inconfundible glifo emblema de la
ciudad de Río Azul.
La fundación La Ruta Maya también busca que el patrimonio de
Guatemala regrese al país. Según Sofía Paredes, la estrategia es aprovechar el
prestigio de la fundación para lograr que coleccionistas donen sus piezas
guatemaltecas. En ocasiones, cuando las piezas son de especial relevancia, la
fundación accede a comprarlas. Así procedió para repatriar tres paneles
jeroglíficos saqueados del sitio La Corona. Los paneles, según el arqueólogo
Tomás Barrientos, narran la historia de La Corona, y su relación de dependencia
política ante la ciudad de Calakmul. En este caso, Ruta Maya realizó el
esfuerzo a favor del Estado de Guatemala: los tres paneles pasaron a ser parte
de la colección nacional. Pero en otros casos, lamentan especialistas, las
piezas repatriadas son registradas a nombre de coleccionistas privados.
Historia saqueada
Las zanjas que cavan los saqueadores, en algunos casos socavan los
cimientos de los edificios mayas, poniendo en peligro su estabilidad. Pero
eso no es todo. Una pieza saqueada es una pieza huérfana. Muy rara vez se puede
decir de dónde proviene. Se pierde además, irremediablemente, lo que los
arqueólogos llaman el contexto, el cual sólo puede ser analizado mediante una
excavación científica. Por ejemplo, si una vasija formaba parte de una ofrenda
funeraria, esta pieza habla del estatus de la persona enterrada. Un cuenco o un
vaso no tienen el mismo significado si se encuentran en un contexto de élite
que si se encuentran en los restos de una casa modesta. Los conjuntos de
objetos desenterrados por los arqueólogos, permiten, paso a paso, reconstruir
la estructura de la sociedad maya, así como la vida diaria de los distintos
estratos sociales. Piezas halladas en lugares distantes de donde fueron
fabricadas, revelan rutas comerciales o guerras y pillajes entre
ciudades.
En cambio, una pieza colocada en la estantería de un
coleccionista, puede ser preciosa, artísticamente sorprendente, pero casi
siempre muda desde el punto de vista histórico. En ese sentido, el saqueo de
sitios arqueológicos borra la historia del país. Y con la historia, la
identidad de sus pueblos.
Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio, reflexiona: “Guatemala
está resquebrajada, carente de identidad. Hoy por hoy, el guatemalteco no sabe
quién es. Se ha menospreciado a nuestros antepasados, aunque vengamos de una de
las civilizaciones más importantes del mundo. Una manera de reconocerlo, de
formar identidad, saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, es a través de
los bienes culturales.” Pero para esto, las piezas deben ser más que objetos
bonitos: tienen que poder narrar un momento de la historia del país.
La fundación La Ruta Maya tiene un gran proyecto: crear en
Guatemala un museo de clase mundial en donde se expongan “los principales
objetos de su legado histórico”. Sofía Paredes, directora de la fundación, no
quiere por ahora hacer declaraciones sobre este tema. Argumenta que el proyecto
aún no está listo, pero que en cuanto lo esté, los periodistas serán invitados
a una conferencia de prensa.
Sin embargo, la página Web de la fundación contiene información sobre el futuro
Museo Maya de las Américas. Además, ya ha habido algunas declaraciones
oficiales sobre este proyecto que cuenta con el apoyo del gobierno al más alto
nivel. Paradójicamente, estas declaraciones no provienen del Ministerio de
Cultura y Deportes, encargado de velar por el patrimonio cultural de la nación,
sino del Instituto Guatemalteco de Turismo, por medio de su director, Pedro
Duchez.
Según Duchez, el museo se erigirá en donde está ahora el mercado
de artesanías de la Aurora. Para su construcción, La Ruta Maya pondrá a
concursar a las mayores firmas arquitectónicas del mundo. Al igual que con el
Museo Guggenheim de Bilbao, la arquitectura deberá representar un atractivo en
sí misma.
Según Pedro Duchez, el museo podría atraer a 300 mil turistas
anuales y generar alrededor de US$225 millones en divisas para el país. Cifras
que suenan muy optimistas si se toma en cuenta que el Museo Nacional de
Arqueología y Etnología recibe 70 mil visitantes al año, de los cuales, 50
mil son estudiantes de escuelas e institutos públicos que no pagan
entrada.
Este museo albergaría la colección nacional de arqueología que
ahora está expuesta y conservada en el Museo Nacional. También podría exponer,
afirma Fernando Paiz, piezas de La Ruta Maya. Según su sitio Web, esta
fundación estaría a cargo de la creación y administración del museo.
El proyecto genera oposición
entre los vendedores del mercado de artesanías, como lo muestra un artículo del diario La Hora. Esto
parece sacar de sus casillas al propio Fernando Paiz, como pudo constatarlo un
reportero del diario vespertino, a quien el empresario arrebató la grabadora
para luego manipularla y borrar sus declaraciones.
Pero la oposición surge también de círculos académicos que ven en
el Museo Maya de las Américas, una forma de privatización del patrimonio
nacional. Un arqueólogo guatemalteco, que prefiere no ser identificado,
rechazala posibilidad de que se mezcle la colección arqueológica nacional,
fruto de excavaciones legales, con una colección que proviene, en su cuasi
totalidad, del saqueo de sitios mayas.
Preguntado sobre este proyecto que dejaría sin objeto al actual
Museo Nacional de Arqueología y Etnología, Daniel Aquino, su joven y
recién nombrado director, busca y mide una a una sus palabras. “Una de las
principales funciones del Museo Nacional es representar la identidad
guatemalteca. Privatizar uno de los símbolos de esta identidad no sería lo más
conveniente. Los términos “privatización” y “patrimonio cultural de la nación”,
inalienable, imprescriptible, inajenable, no concuerdan.”
La historiadora Marta Casaús atribuye este proyecto a la falta de
visión del Estado de Guatemala, históricamente incapaz de ver en su patrimonio
cultural y en sus museos, una forma de construir la memoria histórica de la
nación. “El Estado no sólo no ha contribuido en construir la memoria y la
identidad nacional, sino que lo ha dejado en manos de la iniciativa privada. De
esta manera, les ha correspondido a las élites económicas conformar el alma de
la nación: una nación homogénea, una nación blanca. Para estas élites, los
pueblos indígenas son parte del pasado. Es el indio petrificado o el
indio folklorizado”, opina Marta Casaús. Esta visión criolla de lo indígena,
según la investigadora, está presente en los principales museos privados de
arqueología y etnografía, con la excepción del museo Miraflores, el cual logra
“unir presente con pasado”.
La cesión de responsabilidades del Estado a favor de la iniciativa
privada se manifiesta claramente en el caso del Museo Maya de las Américas: por
una parte, el gobierno otorga el usufructo de un terreno a La Ruta Maya y apoya
decididamente su proyecto, y a la vez, deja al Museo Nacional funcionar con
presupuestos paupérrimos, al grado en que, durante los dos meses pasados, no
pudo abrir los fines de semana por no contar con un sólo vigilante para esos
dos días.
Daniel Aquino, de ninguna manera rechaza la participación privada
en el funcionamiento de la institución que él dirige. Uno a uno, menciona todos
los aportes de fundaciones y empresas que le han permitido al museo “mantener
la presentación y la calidad del museo a un nivel aceptable”. Agrega: “existen
distintos modelos de gestión de museos con participación de sectores públicos y
privados. Hay patronatos y convenios con organizaciones privadas que fortalecen
en el aspecto financiero a un museo, pero que no implican un proceso de
privatización tal cual.”
Oscar Mora, de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural,
recuerda que la ley permite que los bienes culturales sean dados en usufructo o
concesión a particulares o a una fundación privada. “El Ministerio de Cultura y
Deportes, a través de sus museos, no puede administrar tanta riqueza cultural.
Por eso la necesidad de museos privados, pero dentro del ordenamiento legal. El
Estado no debe perder de vista esos bienes, que son su propiedad”, explica. El
funcionario no ve con malos ojos el proyecto de museo La Ruta Maya. Agrega que
el Museo Nacional no tiene la capacidad de difundir la riqueza cultural de
Guatemala, y que por lo tanto, deben generarse alianzas y estrategias para tal
efecto con la iniciativa privada, siempre cumpliendo “con los procedimientos
que la normativa legal establece”.
Por su parte, Daniel Aquino no niega que la institución que dirige
presente deficiencias en su museografía. Explica que no tienen los recursos
para mejorarla, aportarle herramientas educativas multimedia, o simplemente,
acercar el mensaje científico a los jóvenes que conforman la gran mayoría del
público del museo. Pero no considera necesaria la enorme inversión que
supondría un nuevo edificio. Piensa que sería más provechoso invertir recursos
en la protección de la inigualable colección nacional, y además, darle a la
institución los medios para modernizar sus exposiciones. “Con inversiones más
reducidas, bien orientadas, se podría fortalecer una institución como ésta”,
afirma.
Marta Casaús opina que no se debería delegar a una fundación
privada el desarrollo y la administración de un museo como el proyectado.
“Todos los museos importantes se han hecho con apoyo de la iniciativa privada,
e incluso, a partir de colecciones privadas. Pero quien diseña los objetivos
del museo, es el Estado como representante de todos los pueblos que conforman
la nación. Y si el Estado no es capaz trazar esos objetivos, que forme un grupo
de notables, con participación de las universidades, de la sociedad civil, de
los propios mayas. Antes que buscar atraer a todos los turistas del mundo, un
museo tiene que ayudarnos a comprender nuestra propia historia y a
construir nuestro futuro, como proyecto de nación multicultural, multiétnica y
multilingüe”.
Queda por ver si un debate amplio
y abierto será fomentado respecto al Museo Maya de las Américas, o si, como en tantos
casos recientes en los que se juegan intereses nacionales, se
negociará a espaldas de la nación entre unas pocas partes implicadas. Sin
perder de vista que un museo “de clase mundial” que se sustituya al Museo
Nacional, no puede dejar de respetar las normas de deontología del Consejo
Internacional de Museos, y de ninguna manera puede dinamizar el mercado negro
comprando piezas arqueológicas, como admite hacerlo Fernando Paiz, o como lo hacen tantos otros para sus
colecciones personales, y museos privados, respetados por su aporte al
patrimonio nacional.
Tomado en CC de: http://www.plazapublica.com.gt/content/los-coleccionistas-que-protegen-pero-alientan-el-saqueo
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